El presidente del CAZG, Jorge Rodríguez, insiste en la necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras hídricas
El presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), Jorge Rodríguez, ha presentado en el Ayuntamiento de Cádiz, junto a la delegada y presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, las jornadas ‘El agua urbana y el reto de la sequía’, que organizan estas dos instituciones junto a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), y que tendrán lugar en las oficinas de la empresa pública gaditana el próximo 29 de noviembre.
El presidente del CAZG ha destacado la labor que realiza el Consorcio de Aguas, que engloba a 20 municipios de la provincia de Cádiz, en los que viven en torno a un millón de habitantes, y que es una de las entidades más importantes de Andalucía a nivel de gestión de infraestructuras hidráulicas.
‘Hay que hacer un esfuerzo para poner en valor la necesidad de tomarnos en serio la gestión del agua y de nuestros recursos hídricos’, ha abundado Rodríguez, quien ha destacado la importancia de celebrar estas jornadas. ‘Sin agua no hay vida, ni desarrollo económico, ni medio ambiente. Hay que fomentar su buen uso, apostando por la educación, la concienciación e insistiendo con campañas de sensibilización en todos los municipios’, ha señalado el presidente del CAZG.
El presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha recalcado la necesidad de que la Junta de Andalucía impulse inversiones en infraestructuras hidráulicas. ‘De nada sirve lanzar un mensaje alarmista de que no llueve y nos vamos a quedar sin agua si no hacemos un planteamiento a medio y largo plazo. Es necesario disponer de una política estable de inversiones en infraestructuras hidráulicas y es vital realizar inversiones. Solo a la provincia de Cádiz, la Junta de Andalucía le adeuda 200 millones de euros para infraestructuras’, ha recalcado.
‘Las jornadas quieren demostrar que hay soluciones y propuestas para gestionar mejor los recursos hídricos’, ha abundado el presidente del CAZG. ‘De nada nos vale hacer análisis alarmistas si no hacemos un planteamiento a medio y largo plazo. Eso ha faltado a Administraciones que tienen una responsabilidad directa respecto a los recursos hídricos, como es la Junta de Andalucía en nuestro caso’, ha agregado.
‘De todas formas, tengo que lanzar un mensaje tranquilizador, porque no hablamos de que la población de la provincia de Cádiz se vaya a quedar sin agua, pero es una realidad que sin infraestructuras y sin una política estable de inversiones en las infraestructuras hídricas no es posible abordar este problema con seriedad’, ha señalado Jorge Rodríguez.
‘Es necesario seguir invirtiendo y lo que no se debe hacer, justo en este momento, es quitar las tasas e impuestos que financian la lucha contra la sequía. Eliminando esta tasa, la Junta de Andalucía deja a los municipios sin medios suficientes para abordar este reto’, ha puntualizado Rodríguez.
‘Sin una buena gestión del agua, un gesto tan sencillo como es abrir el grifo y tener agua corriente en cualquier ciudad de esta provincia se puede convertir en un auténtico reto’, ha afirmado Rodríguez, presidente del CAZG, quien ha considerado que ‘ante este nuevo episodio de sequía, nos replanteamos cómo gestionamos los recursos hídricos’, y ha recordado que ‘este mes de noviembre los embalses se encuentran un 30% más vacíos que el mismo mes de hace tan solo un año’.
‘Estas jornadas se presentan como punto de encuentro entre los Ayuntamientos y expertos en la materia, un espacio proactivo para abordar un problema evidente como es la sequía’, ha explicado Ana Fernández, presidenta de Aguas de Cádiz. Las jornadas se centrarán en el debate sobre las medidas de riesgo de sequía urbana y analizará las actuaciones tomadas por otras ciudades españolas que ya se enfrentan a la sequía, las soluciones de ingeniería y gestión de su demanda de agua.
Ana Fernández ha recordado las acciones que desde Aguas de Cádiz se están desarrollando para hacer frente a la escasez de agua y entre las que se encuentran la creación de una campaña de uso responsable del agua para la ciudadanía, entidades e industrias; o la reducción del agua comprada con respecto al agua facturada, que ha sido un 10% en 7 años.
